Hablando con empresarios de la construcción escucho sus quejas y penas, no por el nombramiento de Fernando González en Obras Públicas del estado, que las tienen, sino por el tema de la subcontratación.
Según ellos, en la entidad los empresarios en general, pero en particular los de la industria de la construcción, viven un verdadero calvario con las reformas a la ley laboral.
A pesar de que el fin de semana pasada el Congreso de la Unión extendió hasta el 1 de septiembre el plazo para que las empresas con outsourcing se regularicen, en la entidad es una preocupación porque los empresarios no ven cómo van a cumplir con el mandato de ley.
La postergación al primero de septiembre de la puesta en vigor de la reforma laboral en materia de subcontratación aporta un respiro a los empresarios, pero ellos dicen que no es suficiente para que las empresas puedan ponerse en tiempo y forma con la nueva legislación, y además el nuevo decreto no viene acompañado de una mejora en la infraestructura de registro, consideraron especialistas y el sector privado.
Se esperaba que el pasado domingo entrara en vigor el nuevo régimen de subcontratación, y hasta esa fecha, según el CCE, en el ámbito nacional se han registrado 2.5 millones de trabajadores, pero faltan 3 millones que quedarán en un limbo legal.
Sabíamos desde el principio que la reforma era una locura, tanto para el gobierno en sus tres niveles y tres poderes como para el sector productivo.
Por ejemplo, en la CMIC Querétaro, que encabeza uno de los grandes constructores, Álvaro Ugalde, las empresas constructoras esperan que ante la prórroga que se otorgó para cumplir con la reforma en materia de subcontratación laboral, se consideren algunas modificaciones, pues de lo contrario serían uno de los sectores más afectados.
Se lo digo porque cada que se realiza una obra, las empresas constructoras subcontratan por cierta temporada los servicios de pintores, plomeros, electricistas, tablaroqueros, albañiles, así como personal de seguridad y limpieza, mismos que les sería imposible integrar de base a la nómina porque no se tienen labores continuas para ellos.
Por tales circunstancias, hasta el momento solo el 7% de constructoras podría cumplir con nuevas disposiciones en materia laboral, y se me hacen muchas.
Aunque a decir verdad, tampoco los empresarios de la construcción son un ejemplo de cumplimiento de la ley, con o sin reforma.
Por su parte, Coparmex consideró que es insuficiente la prórroga al primero de septiembre sobre la puesta en vigor de la reforma laboral en materia de outsourcing. Su dirigente Jorge Camacho recalcó que las empresas están a la mitad de los procesos y que para esa fecha la mayoría no habrá hecho todos los trámites requeridos, por lo que estarían sujetas a sanciones.
Lo peor es que ya sabían que esto iba a ocurrir.
También se sabe que la propia Secretaría del Trabajo ha tenido complicaciones para la generación del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).
Para entendernos, les comento que las empresas que deben registrarse en el Repse son las personas físicas o morales que presten servicios o ejecuten obras especializadas, que pongan trabajadores propios a disposición del contratante, tomando en consideración que, de acuerdo con la reforma, se consideran servicios especializados aquellos que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que solicita los servicios.
Esto quiere decir que la empresa no lucra o genera recursos económicos mediante estos servicios y tampoco forman parte del área de especialidad de la empresa contratante o negocio.
Por otra parte, la ejecución de obras especializadas son aquellas que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la empresa contratista, que se encuentran sustentados bajo la especialización, capacitación, certificación, permiso o licencias que regulan su actividad particular, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, etcétera.
Es importante mencionar que el decreto que reformó siete leyes en torno al outsourcing, o subcontratación laboral, establece una serie de requisitos de carácter fiscal, seguridad social y administrativo que han provocado importantes problemas a los empresarios; ya que la falta de planeación, organización e infraestructura de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo ha sido incapaz de atender las solicitudes de las empresas.
Eso sin contar con la e.firma que tramita el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Igual se han detectado errores en el objeto social que se informa a STPS y que es lo que determina el servicio u obra especializada a prestar. Los empresarios deben considerar que el Repse no es un espacio de invitación a la imaginación, sino a la literalidad.
Esto es: qué actividad tiene registrada el empresario en el objeto social o en su alta en el SAT, y manifestar cuáles de estas actividades va a registrar, con la literalidad que tiene prevista en su acta constitutiva; porque así saldrá en el folio de registro, ya que el personal de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS (revisor) comprueba que el objeto social o el alta en el IMSS no se encuentra la actividad que ha solicitado el empresario, va a rechazar la solicitud.
Considerando que este proceso de registro inició el 24 mayo de 2021; considerando que la reforma estableció un plazo de 90 días –más los 30 de la prórroga– para que las empresas de servicios u obras especializadas se registraran, por lo tanto, quedan 27 días para cumplir con este registro obligatorio, que tiene por cierto una vigencia de tres años, mismo que puede ser revocado en cualquier momento por las autoridades laborales, y esto puede ser contraproducente, pues los empresarios estarán al contentillo del titular de la dependencia en turno.
Lo bueno es que el gobernador electo, Mauricio Kuri, conoce a fondo el tema, tanto por su formación empresarial como por su estancia como senador de la República, y aun más, porque el actual titular de la Secretaría del Trabajo, Mario Fernando Ramírez Retolaza, es gente de toda su confianza, a tal grado que ya fue nombrado oficial mayor del próximo sexenio.
