Un grupo de universitarios, liderados Alejandro Díaz Reyes, docente de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), llevan a cabo la investigación sobre cómo el concepto de domicilio fiscal establecido en el Artículo 10° del Código Fiscal de la Federación puede generar ambigüedades en su interpretación en perjuicio de los Derechos Humanos de los contribuyentes.
En entrevista, el profesor investigador de la Facultad de Derecho y presidente de la Academia de Derecho Fiscal y Administrativa, precisó que dentro del ámbito de las actividades del micro, pequeña, y mediana empresa la autoridad fiscal ejerce facultades de policía, que tienen como objeto, explicó el docente, verificar la información que el administrado proporciona ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y en especial los datos relacionados con su domicilio fiscal para lo cual ejerce el procedimiento denominado de verificación, para constatar los datos proporcionados al RFC relacionados con el domicilio fiscal.
“Para el caso de que el verificador concluya discrecionalmente que el domicilio fiscal del administrado no cumple con la normatividad jurídica referente al domicilio fiscal, se genera como consecuencia o sanción, el dejar sin efectos certificados de sellos digitales del administrado. Propiciando con ello, que el administrado respecto de su empresa no pueda emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, ni tampoco podrá generar su nómina para el pago de sus trabajadores, lo que resulta una consecuencia jurídica muy grave para el funcionamiento económico y social de las empresas”, puntualizó el investigador.
Asimismo, explicó que “el problema que manifestamos, como parte de esta hipótesis, es que la norma no es precisa, ni es clara, y dicen los principios de la seguridad jurídica, por ejemplo, el principio de lex manifiesta, que la ley debe ser clara y precisa, que no permita que en su interpretación haya ambigüedades. ¿Qué pasa cuando una ley es de esta forma? Se le deja, en este caso al verificador, un amplio espectro de discrecionalidad, él va a decidir en cada lugar qué es domicilio fiscal y qué no es domicilio fiscal, y eso es peligroso. Debe estar mayormente detallado en la norma para evitar un ejercicio discrecional ilimitado”.
Dicho trabajo científico se registró bajo el título “Análisis de las Facultades discrecionales en los procedimientos de verificación sobre domicilio fiscal, desde la óptica de los Derechos Humanos”, ante el Fondo para el Desarrollo del Conocimiento (Fondec-UAQ).
Participan en este proyecto las investigadoras de la misma unidad académica: Alina del Carmen Nettel Barrera y Gabriela Aguado Romero, mismas que encabezan el Cuerpo Académico de Derechos Humanos y Globalización; además, colabora la becaria Melanie Itzel Vega Arredondo, recién egresada de la Licenciatura en Derecho.
Como fruto de esta investigación, el doctor en Derecho informó que se obtuvieron dos artículos científicos, mismos que serán publicados próximamente en revistas indexadas internacionales, en Colombia, Argentina, o México.
Dichos artículos llevan por nombre: “El domicilio fiscal en el lenguaje legal y la seguridad jurídica: análisis metalingüístico desde la óptica de los Derechos Humanos” y “Restricción temporal al uso de certificados de sellos digitales, como consecuencia jurídica en el ejercicio del procedimiento de verificación de domicilio fiscal, y su incidencia en el Derecho Humano a la Seguridad Jurídica”.
Para el docente de la FD, quien se ha especializado en Derecho Fiscal, la producción científica es indispensable para avanzar como sociedad y para la generación del conocimiento en todos los aspectos.
“Es importante (…) que se fomente y se abran los espacios para divulgar nuestro quehacer en la investigación; es algo fundamental para que sepan qué estamos haciendo los docentes, cómo formamos estos equipos, cómo se invitan a los alumnos para que también les entre el gusto por la investigación”, puntualizó el universitario.
Alejandro Díaz Reyes es maestro de tiempo libre de la Facultad de Derecho; es doctor en Derecho por la UAQ, maestro en Impuestos y Especialista en Derecho Fiscal; ha participado como asesor de tesis a nivel licenciatura y posgrado; ha publicado diversos artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales relacionados con el derecho tributario sancionador y en materia tributaria; también ha colaborado en la redacción de capítulos de libros.
Asimismo, imparte clases de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho. De igual forma, se desempeña como abogado litigante en el área tributaria y administrativa sancionadora.
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