La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró su postura a favor del respeto de la ley y del interés superior de la nación, en especial en el caso de la ampliación del periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Luego de que asistiera, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la toma de posesión del gobernador Bonilla, lamentó “las malas interpretaciones” que se dieron a la "aparente falta de cortesía que reflejé en el video” grabado el viernes -sostuvo- sin su conocimiento ni autorización.
Sin embargo, en un mensaje dirigido a los ciudadanos, subrayó que tanto en público como en privado sus valores dan congruencia a su actuar, y su posición sobre la denominada “Ley Bonilla” se basa en el análisis jurídico de sus variables legales.
“Siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie”, enfatizó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aclaró que como declaró con anterioridad, el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, aunque esté en entredicho su constitucionalidad.
No obstante, recalcó que, como lo expresó en su comparecencia en el Senado de la República, así como en diversas entrevistas, ese asunto deberá resolverlo única y exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme.
"Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado”, enfatizó la encargada de la política interna del país.
Sánchez Cordero reconoció que eventualmente podría equivocar una expresión, pero la honestidad e integridad -enfatizó- seguirán rigiendo de manera permanente su vida en lo público y privado, y seguirá siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado.
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