En la sesión de periodo extraordinario de mañana lunes, del Congreso del estado, se pondrá a discusión un dictamen sobre establecer penas de cárcel de seis a 13 años, a quienes impidan trabajos u obras públicas, y de uno a ocho años a quien obstaculice vías de comunicación.
La iniciativa de decreto para reformar el Código Penal, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, no se trata de una ley antimarchas sino antiextorsionadores y contra los llamados pseudo sindicatos.
La tarde del pasado viernes, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, dictaminó aprobatoria la modificación que, aseguró el funcionario, garantiza la libre manifestación de los ciudadanos, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros.
“No es una ley antimarchas, es una reforma antiextorsionadores; así de claro. La libertad de manifestación y de tránsito es un derecho constitucional que el gobierno del estado respeta, y que nosotros, vamos hacer que se cumpla”, expuso.
Hay quienes amparándose en una presunta lucha social, dijo, extorsionan a las empresas y a particulares.
“Entonces ponen sus lías (cuerdas), que no pueden pasar si no los contratan, no puede pasar tu vehículo si no cobro tanto de dinero y no puedes hacer esta obra si no me das 10 o 20 empleos, aunque no lo hayan ganado legalmente, y a ese régimen de extorsión y terror tienen sometido a las empresas que quieren invertir en Tabasco”, aseguró.
Ante la postura de la legisladora priista, Ingrid Rosas, integrante de la Comisión y quien votó en contra al considerar la iniciativa como una ley antimarchas para reprimir y censurar al pueblo, Medina Filigrana señaló que el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó, hace muchos años, manifestaciones en el marco de una lucha social sin pedir un peso a nadie.
Sin embargo, abundó, los pseudo sindicatos piden dinero a los particulares, amparados en siglas de organizaciones y partidos políticos que son cómplices de tal extorsión.
Con la iniciativa, dijo, se busca generar condiciones de inversión en el estado para la generación de fuentes de empleo.
La iniciativa generó polémica en la red social Twitter durante el fin de semana, a través del hashtag #LeyGarrote.
En el Congreso del estado, al igual que en la Comisión en la cual se dictaminó la iniciativa, el partido Morena cuenta con mayoría absoluta al contar con 21 legisladores, por lo cual requiere de 18 votos para aprobarla.
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