El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, acusó que el encubrimiento y la impunidad que priva en el caso de la masacre de Tlatlaya, representa un mensaje negativo “sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional”, que hoy tuvo su despliegue oficial.
“Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”, alertó.
La organización de derechos humanos recordó que hoy se cumplen cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército Mexicano en el contexto de la militarización de la seguridad pública.
Lamentó que a la fecha no haya ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en donde 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del 102 Batallón de Infantería.
Sin embargo, resaltó que investigaciones periodísticas, testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen.
Ello, agregó, para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.
El Centro Prodh aseguró que logró acreditar que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en los asesinatos había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.
Destacó que gracias a la búsqueda de justicia de Clara Gómez González, quien perdió a su hija Erika en los hechos, el 31 de julio de 2017 el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, que realizara con debida diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía abatir delincuentes.
Sin embargo, sostuvo que a pesar de esa sentencia y de los pronunciamientos a favor de la justicia en el caso por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de procedimientos especiales, como el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, a la fecha no hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad.
Dijo que tampoco existe resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso.
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