Este domingo, Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en los pasillos del aeropuerto internacional de la CdMx sobre la continuación de la obra del NAIM de Texcoco y el Presidente de la República, evadió la respuesta con la simpleza de no estar informado ¿López Obrador no está informado? Por supuesto que fue una mentira, no quiso responder a los reporteros. Todo debido a que, la obra en construcción continúa y se expidieron más de 1500 millones de dólares en bonos de inversión de un total de 6 mil millones que son propiedad de particulares, propiedad privada y la mayoría de la inversión, dicen, en manos de extranjeros. La noticia causó incertidumbre, sorpresa, júbilo, extrañeza. Las opiniones se dejaron venir en cascada sin que nadie sepa bien a bien qué es lo que está sucediendo en realidad. ¿Cuáles son las pretensiones del gobierno de López Obrador respecto al NAIM?
Mucha inquietud causó la información y más cuando el mismo Presidente de la República, dijo que no sabía nada al respecto, que no le habían informado. Lo cierto que, todo hace suponer, no evaluaron el riesgo de millonarias demandas en dólares y en territorio norteamericano. Lo de la consulta popular para cancelar la mega obra del aeropuerto fue una medida política y no jurídica. Una medida eminentemente populista sin sustento legal alguno. De tal suerte que no han notificado legalmente a ninguna de las empresas constructoras y a los tenedores de los bonos de inversión, las razones de la cancelación, de la rescisión de los contratos de manera unilateral por parte del gobierno federal. Mientras legalmente esto no suceda, los contratos de obra continúan vigentes. No hay causa que hasta ahora justifique el gobierno de López Obrador, para “echar abajo” esos contratos, los que incluso fueron licitados ¿Dónde está la corrupción que tanto dijo en campaña y como Presidente electo? Si demostrara ello, al menos los contratos podrían fácilmente ser rescindidos con responsabilidad para el contratista. Pero no, no hay nada.
Y los miles de millones de dólares que tenedores particulares invirtieron en el negocio del NAIM, es dinero que el gobierno de México debe pagar según el tiempo de inversión; pero, si el aeropuerto se cancela o piden el dinero por adelantado, el gobierno federal debe desembolsar esos miles de millones de dólares ¿Acaso esto no lo previeron o solo pensaron en la mediad populista de la consulta? Como dije, esto fue un acto extremo de populismo aferrado, ligado, amarrado ilegalmente a la política, para justificar que se hace lo que el pueblo manda. Ese acto careció de sustento legal, no se contempla ni en un simple reglamento. El gobierno si bien puede rescindir cualquier contrato, con responsabilidad; pero, si lo hace sin justificación (solo lo anunció), debe indemnizar al contratado, pagar según las cláusulas penales que se insertan en los contratos. Por eso sorprende lo hecho por Andrés Manuel, cuando era Presidente electo; ahora que ya es Presidente Constitucional, ya no resulta tan sencillo, ahora sí tiene responsabilidad y puede ser demandado institucional, personal y hasta penalmente, dado que la decisión la adoptó cuando aún no era mandatario, en ese momento era un simple ciudadano sin poder legal, solo el político y la necedad del respaldo de 30 millones de electores no lo justifica ; esto no sirve absolutamente para nada en un litigio. No puede ir a los tribunales de los EUA y aportar como prueba el resultado de su consulta, eso es basura en un juicio, es “paja”.
Si el gobierno de López Obrador está emitiendo mil 700 millones de dólares en bonos que respaldan la construcción del NAIM, se supone es para ganar confianza internacional y generar certidumbre en el nuevo gobierno. Nadie puede creer que sea para financiarse y ese dinero emplearlo para el otro aeropuerto que hasta hoy no tiene pies ni cabeza. De ahí que se piense que la obra magna obra continuará. Aquí es en donde los empresarios mexicanos pueden intervenir y quedarse con la obra, según lo prometido en su momento por López Obrador, en caso de que el gobierno no deseara continuar con la obra; varios empresarios se sintieron traicionados por López Obrador, al no cumplir su palabra y someter la decisión a la pesadilla de una consulta popular, la cual, por cierto, amañadamente él impulsó para que sus simpatizantes electores votaran en contra de la continuación de la obra pública, incluso declaró que él no apoyaba la continuación de la obra por tanta corrupción que había, que apoyaba la obra de Santa Lucía, cuando en su proyecto no hay absolutamente nada serio que valide la construcción del aeropuerto que actualmente ocupa el Ejército Mexicano; obra que, por cierto nadie de los especialistas en aeronáutica y demás especialidades aprueba. Por eso se ha insistido hasta el cansancio que su medida política no tiene ni un ápice de legalidad.
Conclusión. La incertidumbre crece con los desatinos de los primeros actos de gobierno de la gente del Presidente de la República y los caprichos suelen salir muy caros, especialmente este que podría constar miles de millones de dólares al erario del gobierno federal, algo más de 13 mil, para ser exactos. Sumado a las demandas en el extranjero a las que se sumarían daños y perjuicios, lo que incrementaría esa cantidad. La apuesta sería que Andrés Manuel López, revocara su decisión política y dejara continuar con el crecimiento de la economía de México, en el caso particular la creación de poco más de 450 mil empleos directos e indirectos; el prestigio del gobierno federal también está en juego y ese no debe apostarse, sale muy caro el experimento, ahí está el ejemplo del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, su torpe declaración le costó a la bolsa pérdidas millonarias que se traducen el tenedores particulares de inversiones. El plazo fijado para que continúe la obra es de unos cuantos días, hasta entonces se sabrá con exactitud a qué está dispuesto el gobierno de López Obrador.
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