La presidencia municipal de San Juan del Río realizará un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) para que intervenga y revise las sentencias de dos casos interpuestos en contra de la autoridad municipal, las cuales, en su conjunto, representan un daño patrimonial a las arcas municipales por más de 15 millones de pesos.
“El impacto que tendría el pagar los montos correspondientes a estos procedimientos representaría el dejar de invertir recursos para el pago anual del programa de 6 mil becas escolares; la obra de 11.2 kilómetros de asfaltado lineal, equivalente a la distancia entre el Puente de la Historia y Cerro Gordo o dejar de invertir en la construcción de 12 arcotechos para escuelas”, dijo el alcalde.
El primero de los casos corresponde a una demanda interpuesta para exigir el pago de 6.5 millones de pesos, derivado de la contratación de los servicios profesionales del despacho legal “Cruz y Meza Abogados S.C”, representado por José Marín Meza Sánchez, en octubre de 2009, durante el gobierno municipal encabezado por Gustavo Nieto Chávez, para efectuar la recuperación de impuestos.
“En este primer asunto no estamos dispuestos a pagar, porque el despacho contratado no hizo nada”, dijo el edil Vega, al tiempo de explicar que, de acuerdo a las facultades del gobierno municipal, no era necesario realizar la contratación de un agente externo para efectuar las diligencias y gestiones correspondientes a este tipo de temas.
Además, afirmó que el único trabajo de este despacho que hay en expedientes es que gestionó una cita con representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que costaría al gobierno municipal 3 millones de pesos, que al no haberse pagado, se incrementó el monto a más de 6 millones de pesos.
Añadió que, a través de la Comisión Ordinaria Anticorrupción del Honorable Ayuntamiento, se revisará el actuar de los ex servidores públicos implicados en este asunto y se les llamará a comparecer para que expliquen los motivos que llevaron a realizar este procedimiento.
En tanto, el segundo de los casos se deriva de un suceso ocurrido en mayo de 2007, durante la celebración de las fiestas patronales en San Isidro, cuando vecinos del lugar se opusieron a la instalación de juegos mecánicos, lo que derivó en la intervención de la Policía Municipal y el arresto administrativo de tres personas durante 5 horas. Derivado de dicho acto, las personas afectadas reclaman la indemnización por daño moral, por 9 millones de pesos.
Al respecto, dijo que se apelará la resolución para solicitar al TSJ revise el proceso y se acredite que hubo daño moral por la cantidad demandada, en tanto las personas afectadas comprueben que la indemnización asciende a la excesiva cantidad solicitada.
“Estamos de acuerdo en que si se acredita por un juez que hubo daño moral, el municipio esté obligado a pagar lo justo. Sin embargo, tendrán entonces las personas que demostrar que por estar detenidas 5 horas dejaron de percibir 9 millones de pesos, lo cual no ha sido acreditado en el juicio”, explicó.
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