En otro triunfo en las cortes para los jóvenes inmigrantes traídos en su niñez a Estados Unidos, conocidos como “dreamers o soñadores”, un juez federal de California determinó que el gobierno no puede revocar de manera arbitraria los permisos de acción diferida o DACA.
Dictada anoche, la decisión fue anunciada tras una demanda presentada a nombre de tres jóvenes aunque la orden tiene alcance nacional y favorece a todas las personas a las que el gobierno de Donald Trump ha revocado de manera ilegal su permiso DACA.
En un comunicado emitido este martes, la Unión Estadunidense para las Libertades de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, anunció que la decisión impide que el gobierno cancele los permisos DACA sin previo aviso, sin explicación y sin dar oportunidad de responder.
El tribunal también restableció los permisos DACA a las personas a los que hayan sido revocados ilegalmente por el gobierno federal.
“Esta decisión es una victoria crítica para los jóvenes inmigrantes y sus familias en todo Estados Unidos. La orden de la corte garantiza que a los dreamers no se les arrebatará de manera arbitraria la posibilidad de vivir y trabajar en el país que llaman hogar”, dijo Katrina Eiland, abogada de ACLU.
La demanda fue presentada a nombre de un inmigrante mexicano, Jesús Alonso Arreola Robles, quien fue traído a Estados Unidos del estado de Durango por sus padres cuando tenía un año de edad. Arreola había recibido en tres ocasiones el permiso DACA.
Arreola, de 23 años de edad y quien actualmente reside en la zona de Los Angeles, tenía dos empleos a fin de ayudar a mantener a su familia, uno como cocinero y otro como chofer de los servicios de transporte Uber y Lyft.
Pese a que Arreola carece de cualquier historia criminal, las autoridades de inmigración lo arrestaron en febrero de 2017 mientras conducía a un cliente. Arreola fue acusado de ayudar a cruzar de contrabando a inmigrantes y lo sometieron a un proceso de deportación.
A pesar de que un juez de inmigración rápidamente rechazó la acusación de contrabando y a que Arreola nunca enfrentó cargos criminales, el DHS revocó su permiso DACA y con ello su capacidad para trabajar y apoyar económicamente a su familia.
En ese sentido, el juez de California determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió arbitrariamente los beneficios y permisos de trabajo de DACA de inmigrantes con base en denuncias no probadas o delitos de bajo nivel que no descalifican a la persona de los beneficios del programa.
El tribunal sostuvo que al revocar permisos sin previo aviso, negar tanto la posibilidad de combatir las acciones del gobierno o cualquier oportunidad de restablecer DACA cuando un individuo es absuelto de las acusaciones en su contra, el DHS violó la Ley de Procedimientos Administrativos.
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