Los diputados Homero Barrera y Éric Silva, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales se reunieron con representantes de los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, como parte del Constituyente Permanente de la entidad, para analizar y discutir la iniciativa de ley que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en materia de fortalecimiento a la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
El presidente de la comisión legislativa, Homero Barrera, explicó que, al ser una reforma constitucional, los municipios son partícipes de analizar las reformas de este dictamen, por lo que puso a su consideración el proyecto. Informó que esta es la acumulación de dos iniciativas con el fin de que se le devuelva a la Legislatura la potestad que tenía para poder designar la terna de los fiscales anticorrupción.
Por su parte, el diputado Éric Silva Hernández, integrante de la comisión legislativa, expresó su interés al ser coautor de esta iniciativa, consideró que el combate a la corrupción es parte fundamental de un buen gobierno y requiere transparencia la procuración de justicia, de tal manera que esta iniciativa regresa a la Legislatura local el proceso de selección para que no esté a manos del Ejecutivo; esto con el fin de que exista pluralidad, diversidad y democracia, y que se pueda elegir un fiscal anticorrupción que garantice un correcto ejercicio de esta función durante todo el período que le compete.
En otro punto del orden del día, el presidente de la comisión legislativa explicó a los presentes, la Iniciativa de Ley que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia de iniciativa preferente. Esta figura permite garantizar que temas urgentes no queden atrapados en dinámicas políticas o personales que retrasan su discusión.
Barrera Mcdonald informó que, aunque esta figura ya existe, actualmente no tiene un procedimiento suficientemente claro para garantizar que realmente se discuta, por lo que la propuesta plantea que el Ejecutivo pueda señalar hasta dos iniciativas como preferentes y que el congreso, por medio de las comisiones legislativas tenga como máximo 30 días naturales para discutirlas y votarlas. Si no se hace, pasaran directamente al Pleno, como primer asunto de la siguiente sesión. El legislador aclaró que no significa que deba de aprobarse, sino que el congreso está obligado a pronunciarse sobre estas.
