La presidenta del PRI en el estado de Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, señaló que los recientes acontecimientos relacionados con Sinaloa deben encender las alertas sobre un problema que México no puede normalizar: ningún servidor público puede estar por encima de la ley y ninguna institución debe utilizarse para proteger intereses políticos o personales.
Las acusaciones presentadas el pasado 29 de abril por fiscales federales de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son de enorme gravedad. Se trata de señalamientos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico, corrupción y protección a integrantes del crimen organizado. Frente a acusaciones de esta naturaleza, lo que corresponde es una investigación profunda, transparente y con plena cooperación institucional.
El PRI sostiene una posición clara: no se puede combatir al crimen organizado si existe la sospecha de que quienes deberían combatirlo pueden estar vinculados con él. Tampoco puede haber consideraciones partidistas cuando está de por medio la seguridad de las familias mexicanas.
Lo ocurrido recientemente con Rubén Rocha Moya, quien después de 112 días de licencia intentó regresar a la gubernatura de Sinaloa y posteriormente volvió a separarse del cargo, demuestra la dimensión de la crisis política que enfrenta aquella entidad.
“México necesita instituciones fuertes, autónomas y capaces de investigar a cualquier persona, independientemente de su partido, cargo o cercanía con el poder. Ante una acusación seria, la respuesta no puede ser el encubrimiento; debe ser la investigación y la rendición de cuentas”, señaló Abigail Arredondo.
Respecto a las propuestas para establecer nuevos mecanismos de revisión de quienes aspiren a una candidatura, que en días pasado comentó el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, el PRI Querétaro está abierto a fortalecer todos aquellos instrumentos que contribuyan a garantizar perfiles íntegros.
Sin embargo, también debemos reconocer que actualmente el INE y el IEEQ cuentan con mecanismos como la declaración “8 de 8 contra la violencia”. Por ello, la discusión debe ir más allá de establecer un nuevo requisito electoral.
No solamente debemos preguntarnos quién puede ser candidato, sino qué mecanismos tiene el Estado para actuar cuando un funcionario en ejercicio es investigado por corrupción, delincuencia organizada u otros delitos graves.
La presidenta Abigail Arredondo compartió datos a los medios de comunicación: de acuerdo al IMCO, durante 2025 el costo promedio por ciudadano por la corrupción alcanzó los 5 mil 432 pesos. Un aumento de 15% respecto a 2023 y el nivel más alto en diez años.
Por ello, desde el PRI consideramos necesario avanzar en tres puntos fundamentales: modificar los procedimientos para elegir a titulares de contralorías, fiscalías y organismos encargados de combatir la corrupción, privilegiando perfiles profesionales y con verdadera independencia política; establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana, incluyendo la posibilidad de crear una figura ciudadana especializada en materia anticorrupción; y establecer procedimientos claros y expeditos para actuar frente a servidores públicos sujetos a investigaciones por posibles actividades delictivas, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La corrupción continúa siendo uno de los grandes retos nacionales. Incluso Querétaro, que presenta indicadores comparativamente mejores que otras entidades, no puede caer en la complacencia. Tener mejores números que otros estados no significa que el problema esté resuelto.
“En Querétaro debemos adelantarnos. Queremos instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne. La integridad no debe revisarse únicamente durante una campaña electoral; debe exigirse desde el primer hasta el último día en el servicio público”, afirmó Arredondo Ramos.
El PRI Querétaro seguirá impulsando mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. La seguridad y el combate a la corrupción no tienen colores partidistas. Quien cometa un delito debe responder ante la justicia y quien gobierne tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.
