Mucho se ha especulado sobre el tema de los comerciantes de la Alameda; lo que no debemos perder de vista como ciudadanos es que el origen del conflicto radica en un actuar “ilegal” de quienes desde su toma de protesta juraron “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y si no, que el pueblo me lo demande”.
Es así, amables lectores, que podemos deducir que el “desalojo” de los comerciantes no cumplió en ningún caso con los aspectos legales para su realización, ya que se realizó ajeno al debido proceso, lo cual causó que esos comerciantes que, nos guste o no, comparten con cada uno de nosotros la calidad de ciudadanos, demanden el cumplimiento de la ley y exijan la aplicación de la misma.
Es lamentable y sumamente desafortunado que nuestras autoridades hoy recurran al “clamor” popular para respaldar actos que ellos saben, de antemano, que fueron sujetos de arbitrariedad, violatorios de garantías consagradas en nuestra Constitución y derechos humanos innegociables en un estado de derecho; violaciones que van desde no conceder garantía de audiencia hasta desposeer sin orden emitida por autoridad correspondiente a estos ciudadanos.
Sé que a muchos queretanos, incluido el que escribe, nos agrada y nos satisface la imagen de nuestra Alameda; pero no debemos nunca de perder de vista que nuestra autoridad debe ser siempre respetuosa de la ley y que nada, suscribo nada, debe estar sobre ella.
He leído con atención diversas reacciones sobre el tema a favor de su regreso y en contra del mismo, todas válidas desde un punto de vista personalísimo. Sin embargo, debemos recordar que vivimos en un estado de derecho donde “todos” estamos obligados a cumplir con la ley y estamos protegidos por garantías consagradas en nuestra Constitución.
Tengo el gusto de conocer y llevar una amistad de hace algunos años con el maestro César Tarello, quien fungió como abogado de los comerciantes, y he de decirles que es un hombre recto, de formación intachable y de ética pulcra, por lo que estoy convencido que su actuar no obedece a intereses políticos ni filias ni fobias personales; por el contrario, su defensa obedece única y exclusivamente a la prevalencia del estado constitucional y los derechos humanos.
Ahora bien, la historia nos muestra que diversos dictadores han recurrido a la aclamación popular para legitimar sus actos: Hitler, Mussolini, Pinochet; el mismo Hugo Chávez; estos personajes cometieron diversas violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho, convencidos y convenciendo a la sociedad de que sus decisiones eran las correctas por el bien de todos. Sin embargo, muchos de los que les apoyaron, en diversos momentos fueron víctimas de las mismas.
En verdad, amable lector, te invito a una sana reflexión sobre el tema; ir más allá de lo superficial. Hoy fueron los comerciantes quienes sufrieron un acto de autoritarismo disfrazado de bien común, mañana puedes ser tú a quien la autoridad le desposea de sus bienes o le retire su fuente de ingreso de manera violenta; o yo, quien por no ser amigo y adulador del sistema sufra un acto autoritario.
Quizá en ese momento acudamos a ese juicio que hoy Marcos Aguilar pretende satanizar y culpar de sus desatinos; quizá mañana digamos: ¿Por qué no experimente en cabeza ajena? Ojalá y no sea demasiado tarde cuando entendamos lo valioso de esta acción intentada por los comerciantes, que es la prevalencia del estado de derecho.
Apelo desde este espacio a la altura de miras de las partes para resolver por un medio alternativo el conflicto. De manera personal y categórica invito a nuestra autoridad municipal a que haga de lado sus fobias, filias y egos personales y parta de la verdad jurídica que le obliga al cumplimiento de dos sentencias de amparo en las cuales no tiene mayor recurso que el de la resignación.
Como siempre, la mejor o de opinión es la de usted. Recuerde, no me crea a mí, créale a sus ojos.
Hasta la próxima.
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