El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó sobre la redistribución del financiamiento público local ordinario de los partidos políticos del ejercicio 2026, con motivo de la obtención del registro de los nuevos partidos políticos nacionales Partido Paz y Somos México.
En sesión de la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, la coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Diana Jazmín Sánchez Martínez, señaló que el nuevo cálculo se realizó conforme al monto total de financiamiento público aprobado en enero por el Consejo General, así como lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
Explicó que en el segundo semestre del año serían transferidos 68 millones 860 mil 727.02 pesos entre los siguientes partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, Del Trabajo (PT), Partido Paz y Somos México.
Al respecto, la presidenta de la Comisión, la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores, agradeció a la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos la elaboración de la propuesta de redistribución, que será sometida a la consideración del Consejo General.
Lo anterior, dijo, en virtud de que es un derecho de los partidos garantizado en la normatividad vigente y que el registro de los dos nuevos partidos nacionales, aprobado por el INE, surtió efectos constitutivos el 1 de julio de este año.
La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno destacó la importancia de identificar con claridad a partir de qué momento surge el derecho de los nuevos partidos a recibir financiamiento público y, en consecuencia, sobre qué recursos debe hacerse la redistribución correspondiente.
Además, precisó que la información presentada tiene un carácter informativo y no genera efectos legales hasta que sea aprobada, en su caso, por el órgano superior de dirección; en el mismo sentido, solicitó a la Secretaría Ejecutiva que la información presentada sea verificada para cumplir con los principios de certeza y legalidad.
