Al manifestar un firme compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la legisladora Adriana Meza Argaluza pronunció su voto en contra de la minuta de reforma constitucional que pretende incorporar una nueva causal de nulidad por “intervención o injerencia extranjera” en los procesos electorales, argumentando que la propuesta adolece de vaguedad y debilita la certeza jurídica de los comicios.
Desde la tribuna, la diputada Meza aclaró que el sentido de su voto no responde a una discrepancia con el objetivo de salvaguardar al país de intromisiones externas, un principio que el partido comparte plenamente, sino a las graves deficiencias técnicas y conceptuales presentes en la redacción del texto reformado.
“La defensa de la soberanía nacional es un principio que compartimos plenamente. Nadie puede estar a favor de cualquier intento de intervención extranjera en las decisiones del pueblo de México. Sin embargo, proteger nuestra democracia también exige legislar con claridad, certeza y responsabilidad”, puntualizó la diputada en su posicionamiento.
La diputada Adriana Meza alertó que la enmienda constitucional carece de una definición precisa sobre qué debe entenderse exactamente por “intervención o injerencia extranjera”, además de que tampoco establece los criterios jurídicos, ni objetivos indispensables, para su correcta acreditación ante las autoridades correspondientes.
En este sentido, advirtió que una causal de nulidad de carácter electoral debe regirse estrictamente por los principios de excepcionalidad y objetividad. Afirmó que de mantenerse una redacción abierta y ambigua, se corre el inminente riesgo de generar incertidumbre jurídica en el sistema democrático, abriendo la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de los Tribunales, que podrían desestabilizar la voluntad ciudadana depositada en las urnas.
Finalmente, la legisladora reiteró en su posicionamiento que la agenda del PRI mantendrá como prioridad la defensa absoluta de la soberanía, pero siempre en equilibrio con la legalidad, el respeto a la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos.
