Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, presidida por el diputado Homero Barrera Mcdonald e integrada por los legisladores Éric Silva y Enrique Correa, con la asistencia del diputado Arturo Maximiliano García, se inició el análisis de la Iniciativa de Ley por la que se Reforma la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de fortalecimiento a la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, presentada por la diputada Claudia Díaz y el legislador Éric Silva.
Al hacer uso de la voz, el presidente de la comisión legislativa, diputado Homero Barrera, manifestó que “esta reforma abre de nuevo la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana que cumpla con los requisitos, pueda registrarse como aspirante a ser titular de la Fiscalía Anticorrupción a partir de una convocatoria abierta a cargo del Poder Legislativo y ya no de una propuesta o terna cerrada por parte del Ejecutivo estatal y, en consecuencia, se le quita a éste el monopolio de la propuesta de terna y se abre la convocatoria a la ciudadanía en general”.
Sostuvo que la iniciativa es de suma trascendencia, pues implica dar marcha atrás a la reforma de agosto de 2024 que, sin duda, significaba un retroceso a los procesos abiertos y democráticos que la ciudadanía exige. “Nosotros siempre vimos que se vulneraba la transparencia y que se le otorgaba a una sola persona la potestad de proponer funcionarios y hay que destacar que esto va a trascender no nada más a una administración, sino a casi tres administraciones”. Por ello dijo que como presidente de esta comisión celebra que las diferentes fuerzas políticas tengan consenso en este y otros temas de gran relevancia para la sociedad queretana.
Por su parte el diputado Éric Silva igualmente celebró que se esté abordando esta iniciativa, la cual –dijo– permitirá que dentro de nueve años se realice un proceso democrático para la elección del Fiscal Anticorrupción, dejando de manifiesto que sí es necesario regresar la ley a su origen, para que el proceso se realice con apertura y de forma democrática: “esto permite que tengamos una mayor pluralidad y transparencia, (…) para que la Fiscalía Anticorrupción sea un organismo total y completamente autónomo, que no esté ligado de ninguna manera a alguno de los Poderes del Estado” y que en el futuro se tengan procedimientos anticorrupción que permitan verdaderamente esclarecer algún atropello o afectación al erario público.
En su momento el diputado Enrique Correa adelantó que estará a favor de esta iniciativa porque promueve la democratización y “participación de más personas en los procesos de trabajo contra la corrupción”. No obstante, dijo que eso no significa que el modelo actual de nombramiento de fiscal Anticorrupción esté mal, porque lo tienen otras entidades federativas e incluso la elección de fiscal Anticorrupción Federal no se abre a convocatoria, sino que se realiza a través de un nombramiento directo. Para finalizar, dijo que desde Acción Nacional apoyarán las “acciones que tengan que ver con mejorar los procesos que sean benéficos para la participación ciudadana y para la lucha contra la corrupción”.
Una vez concluidas las intervenciones de los integrantes de la comisión, el presidente de la misma instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que remita copia de esta iniciativa a cada uno de los 18 municipios de Querétaro, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y 51 fracciones primera y tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro.
En el espacio de asuntos generales, el diputado Arturo Maximiliano García dijo que si bien existen distintos modelos de nombramientos, en cuanto a los Fiscales Anticorrupción e incluso respecto a los fiscales generales, se trata de modelos heredados. Por otra parte, destacó que la iniciativa que se analiza, es un modelo ciudadanizado que da “apertura a quienes cumplan los requisitos, mujeres y hombres, profesionistas destacados en materia penal, en la práctica jurídica, como litigantes o como académicos o incluso también como funcionarios de la Fiscalía, para que puedan participar sin pasar un filtro” del Poder Ejecutivo. Además resaltó que en dicha propuesta se está manteniendo, responsablemente, el esquema actual, en cuanto a que “si al final del procedimiento no se llega a un acuerdo de mayoría calificada, (…) se conserva la salida de que el Ejecutivo estatal pueda designarlo”.
