El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, acudió al Senado de la República para presentar y socializar la iniciativa “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, propuesta que previamente impulsó ante el Congreso local con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para atender casos excepcionales de violencia grave cometida por menores de edad.
Durante su visita, el alcalde fue recibido por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, a quien entregó la iniciativa para su conocimiento y análisis dentro de la Cámara Alta.
“Entregué la propuesta de iniciativa de Ley que presenté en el Congreso local para juzgar con medidas más severas a los menores que cometen delitos graves. Coincidimos en la necesidad de buscar mecanismos que permitan detener la violencia que enfrenta nuestro país, cuidar a nuestros jóvenes, proteger a las familias y garantizar que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan seguros y con oportunidades para construir un mejor futuro”, expresó Chepe Guerrero.
La propuesta surge ante una realidad que demanda respuestas institucionales más eficaces, marcada por el incremento de la violencia juvenil, el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos criminales y la comisión de delitos de alto impacto cada vez más violentos. En este contexto, se reconoce la necesidad de actualizar herramientas jurídicas diseñadas para una realidad distinta.
Entre los principales ejes de la iniciativa destaca la posibilidad de actuar con mayor firmeza en casos de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, siempre bajo criterios de proporcionalidad, evaluación individualizada, control judicial y atención especializada.
Asimismo, se establece que cada caso deberá analizarse de manera particular, considerando factores como el entorno familiar, la historia personal, el desarrollo psicosocial, experiencias previas de violencia, situaciones de acoso escolar y riesgos de reincidencia.
Otro aspecto fundamental es la obligación de distinguir entre adolescentes que hayan sido víctimas de reclutamiento o coacción por parte de grupos criminales y aquellos que participaron de manera voluntaria en la comisión de delitos, garantizando así un tratamiento más justo y acorde a cada situación.
