En el marco de la discusión de la reforma en materia de pensiones impulsada por el partido en el gobierno, la diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, expresó una firme postura en defensa de los derechos laborales, señalando que la propuesta representa un retroceso que afecta directamente a miles de trabajadores que han dedicado décadas de su vida al servicio del país.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que, si bien es necesario establecer límites claros para evitar excesos, dispendios y privilegios en el sector público, esta reforma no cumple con ese objetivo. Por el contrario, la calificó como una medida “injusta y engañosa” que impacta a quienes menos deberían verse afectados: los trabajadores.
“La austeridad no puede ser selectiva ni utilizada como pretexto para vulnerar derechos adquiridos. Hay que predicar con el ejemplo”, subrayó.
Arredondo Ramos explicó que uno de los principales problemas de la reforma es que propone topar las pensiones con base en el salario de la Presidencia de la República, lo cual, advirtió genera incertidumbre y abre la puerta a decisiones discrecionales futuras. En su lugar, señaló que lo adecuado habría sido establecer estos límites en Unidades de Medida y Actualización (UMA), un mecanismo técnico y estable que brinda mayor certeza jurídica.
Asimismo, denunció lo que calificó como una “trampa legislativa”: la exclusión de los llamados “haberes de retiro” dentro de la reforma. Estos beneficios económicos, explicó, son los que reciben altos funcionarios tras concluir sus cargos, incluyendo expresidentes, exministros, exsecretarios de Estado y magistrados.
“Mientras se plantea recortar pensiones de trabajadores que han laborado 30 o 40 años, se mantienen intactos los privilegios de altos funcionarios que perciben ingresos significativamente mayores. Esa incongruencia es inaceptable”, enfatizó.
La diputada también alertó sobre la posible violación al principio constitucional de no retroactividad de la ley, un derecho fundamental que protege a las personas de cambios legales que afecten situaciones previamente consolidadas. Señaló que esta garantía no solo está contemplada en la Constitución mexicana, sino también en instrumentos internacionales de derechos humanos.
En este sentido, expresó su preocupación por la falta de mecanismos de defensa para los trabajadores ante posibles abusos, lo que podría dejar en estado de indefensión a miles de familias que dependen de esos ingresos.
Arredondo Ramos compartió que, en las últimas semanas, ha recibido numerosos mensajes de trabajadores de distintas instituciones públicas, como CFE, Pemex e Infonavit quienes manifiestan su preocupación, incertidumbre y rechazo ante una reforma que podría reducir significativamente sus pensiones.
“Estamos hablando de personas que construyeron su proyecto de vida con base en reglas claras. No se vale cambiar las condiciones de manera unilateral y perjudicar a quienes ya cumplieron con su parte”, señaló.
Finalmente, la legisladora reiteró el compromiso de su partido de seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora y de alzar la voz frente a cualquier intento de vulnerar su bienestar.
“Desde el PRI continuaremos señalando los abusos, defendiendo a quienes sostienen a este país con su trabajo diario y exigiendo congruencia a quienes hoy gobiernan. México merece justicia, no simulación”, concluyó.