El diputado Éric Silva, presidente de la Comisión legislativa de Seguimiento de la Agenda 2030, y la diputada Andrea Tovar, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, acompañados de las legisladoras Blanca Flor Benítez y Rosalba Vázquez, así como de representantes de colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, ingresaron la Iniciativa de Ley de Aguas para Querétaro en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo local.
Durante la exposición, el diputado Éric Silva expresó que esta propuesta es el resultado de dos años de trabajo conjunto con colectivos y organizaciones de la sociedad civil, teniendo como resultado una propuesta que garantiza el derecho humano al agua y la sostenibilidad en el estado. “Este proceso de participación por parte del Poder Legislativo, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y la ciudadanía en general, nos ha permitido llegar a este punto. Asimismo, también el hecho de recorrer las zonas más afectadas por la escasez de agua, abrió ante nosotros un panorama más claro de todas las necesidades y todos los retos que esta ley debe de tener”, expresó el legislador.
Sostuvo que una ley no puede verse únicamente desde el punto de vista económico, ni desarrollista, sino también desde una visión sustentable, histórica y de servicio a la gente, especialmente para quienes más lo necesitan. Dijo que de este diálogo surgieron acuerdos importantes que se reflejan en esta iniciativa de ley que hoy se presenta y que –dijo– seguirán construyendo en torno a la misma, hasta el día que sea dictaminada en comisión y posteriormente presentada ante el pleno de la Legislatura.
Expuso que entre los temas fundamentales que contempla esta ley, se encuentran por ejemplo: No a las concesiones privadas del servicio de agua potable, para que el servicio público de uso doméstico no sea operado bajo un esquema de negocio; no al Batán, prohibiendo el agua de reúso para consumo humano; no a los altos costos del agua, pues el acceso al líquido no deberá rebasar un 3% del salario mínimo mensual, y que el servicio del agua potable sea accesible para las familias que viven en zonas de mayor marginación; no al tandeo y a los cortes injustos; el agua debe de llegar a todo el estado, incluyendo las zonas más pobres; no a la contaminación del agua y no a la opacidad de los gobiernos; además, que la calidad del agua que se consume sea supervisada y que los resultados sean públicos.
Asimismo, el diputado Silva Hernández expresó que la propuesta contempla que se garantice un mínimo vital de cien litros de agua diarios por persona, duplicando los 50 litros que actualmente establece la ley. Además dijo que esta iniciativa de ley es un sí a proteger las cuencas, acuíferos y zonas de recarga; “debe ser obligación del gobierno, en conjunto con la CEA, cuidar nuestras aguas y ecosistemas; le pondremos un alto, en ese sentido, al cártel inmobiliario (…)”, afirmó.
Añadió: “Es un sí a establecer un Consejo Ciudadano del Agua, independiente, autónomo y democrático. Sí a proteger a los defensores de los derechos humanos del medio ambiente. Sí a visibilizar y reconocer jurídicamente la gestión comunitaria del agua, que la gestión hídrica sea democrática y popular. Sí a promover una educación socioambiental para comprometernos como una sociedad con una sostenibilidad hídrica; y sí a combatir, desde la ley, las pérdidas e irregularidades, atendiendo al problema de perder casi más de la mitad del recurso de agua potable del área metropolitana, por el tema de fugas o lo que se conoce como huachicol del agua”.
Sostuvo el legislador que nunca más otro Batán y que quieran imponer agua contaminada; y nunca más otra ley Kuri que privatice el agua a puerta cerrada y a espaldas de la gente, porque dijo que la defensa y la gestión integral del agua compete a todos.
La diputada Andrea Tovar, por su parte, destacó que esta iniciativa no se construyó desde un escritorio y, por el contrario, “se formó con los conocimientos de los expertos; a través de la visión de las y los ambientalistas; con la experiencia de los colectivos, pero sobre todo, se hizo escuchando”. Además resaltó que la propuesta establece algo fundamental: la participación ciudadana, “para que las y los ciudadanos puedan vigilar, denunciar y exigir que el derecho al agua se cumpla”.
Asimismo, la legisladora manifestó que hoy se tiene la oportunidad de tomar una decisión importante, que es “seguir viendo el agua como un negocio o empezar a verla como lo que siempre debió ser: un derecho de todas y todos”. Destacó, en ese sentido, que cuando se garantiza el agua, se garantiza la salud, el futuro y la dignidad de las personas.
Acompañaron a los legisladores en esta presentación: Maricarmen Jiménez, de Ecológicas Urbanas; Francisco Landa, de Colectivo Awita Vida y Territorio; Óscar Arredondo, de Colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida; Saúl Acevedo, de Voceros de la Madre Tierra; Maricarmen Vicencio, de Guardianes de la Naturaleza; Gerardo Ayala, de La Casa del Agua; y Víctor Navarrete, de Vive Río San Juan; así como Salomón Juárez, de Bajo Tierra Museo del Agua, quienes destacaron el trabajo colaborativo en torno a esta iniciativa de ley, así como la creación del Consejo Ciudadano del Agua. Además, expresaron su rechazo al mercantilismo y el acaparamiento del agua, pronunciándose porque exista una democracia participativa en torno a la gestión de los recursos hídricos y que su administración no quede sólo en un grupo reducido de personas.
Los 14 colectivos y organizaciones de la sociedad civil que participaron en las mesas de diálogo para elaborar esta ley son: Agua para Todxs, Agua para la Vida; Awita, Vida y Territorio; Bajo Tierra Museo del Agua; Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, A.C.; Ecológicas Urbanas; Escazú Ahora México; Festival Agua que Corre; Guardianes de la Naturaleza; Justicia Digna; Micelio Urbano; La Casa del Agua; Promotores y Comunicadores Ambientales, A.C.; Voceras de la Madre Tierra; y Vive Río San Juan.
