Diputados locales, federales y regidores plantean incentivos fiscales y administrativos para facilitar el acceso a vivienda de bajo costo en la zona metropolitana
Los diputados locales Ulises Gómez, Sinuhé Piedragil y Sully Mauricio, de manera conjunta con el diputado federal Luis Humberto Fernández, así como los regidores Mireya Fernández de Corregidora y Óscar Sandoval de San Juan del Río, dieron a conocer a los medios de comunicación una propuesta en materia de vivienda popular, que se les hará a los alcaldes de la zona metropolitana del estado y a los desarrolladores inmobiliarios.
De acuerdo a lo expresado por los legisladores, es posible tener vivienda popular en Querétaro si las cámaras de la construcción y de vivienda, así como los desarrolladores inmobiliarios y los presidentes municipales, se suman a esta propuesta que comprende cuatro puntos: que las utilidades sean socialmente responsables; exención de traslado de dominio a la vivienda menor de 713 mil 244 pesos; toma de agua gratuita, y que de gastos y derechos notariales se cobre solo el 20%.
El diputado Gómez de la Rosa expresó que este es un tema por demás importante, ya que desde la década de 2010 se dejó construir vivienda social en Querétaro:
“Las constructoras no han visto incentivos importantes como para que lo vean como un negocio, por lo que se han enfocado en la vivienda de clase media y residencial. Los desarrolladores han priorizado la construcción de vivienda de mayor precio, por lo cual la oferta de vivienda popular es muy baja”, expuso el legislador.
El diputado Sinuhé Piedragil, por su parte, recordó que desde 1985 muchas familias han encontrado la oportunidad de establecerse en Querétaro, recibiendo migración de estados del centro del país y recientemente del norte, así como de procedencia internacional, por lo cual -dijo- si bien ha habido crecimiento, no ha habido desarrollo: “ha habido crecimiento para el sector inmobiliario, que ha visto una oportunidad entre el capital y gobernantes del ámbito estatal y municipal, que se han aprovechado de esta migración al estado, haciendo negocios estratosféricos al amparo de la ley, lo cual se vive al día de hoy”, señaló el diputado.
El diputado Piedragil coincidió con el diputado Ulises Gómez en el sentido de que la vivienda que es ofertada en Querétaro, se dirige a los sectores de la clase media y alta, de gama residencial, dejando de lado el dar oportunidad a los deciles de más bajos ingresos económicos. ¿Por qué?”, cuestionó, “porque no es negocio para las grandes empresas inmobiliarias y también por un desdén por parte del gobierno del estado, ante la falta de una política real de vivienda para la clase de más bajos ingresos, (…) por lo que si no es a través de las oportunidades de los programas del gobierno federal, muchos queretanos y queretanas no tendrían posibilidad de obtener vivienda”, afirmó.
En ese sentido, los legisladores presentaron, a través del diputado Luis Humberto Fernández, una propuesta en la materia: “queremos decirles a los empresarios inmobiliarios y a quienes hoy gobiernan que les demos la oportunidad de tener un patrimonio a aquellas queretanas y queretanos de más bajos recursos (…), así como la posibilidad de transitar a tener mayores ingresos y oportunidades”.
En su oportunidad el diputado federal Luis Humberto Fernández, quien coordinó los esfuerzos de esta propuesta, expuso que Querétaro ha tenido un boom en el tema inmobiliario y que de 1 millón de habitantes que había hace 20 años, hoy son 2 millones 500, lo que ha significado la construcción de más de 100 mil nuevas viviendas en el estado, no obstante resaltó que estas viviendas no han sido para todos. En ese sentido, el legislador federal compartió los siguientes datos:
- En 2025 menos del 5% de viviendas en el estado fueron viviendas populares, apenas 200 cosas. (Registro Único de Vivienda, 2025).
- 40 mil familias queretanas con crédito Infonavit no pueden ejercerlo porque no existe oferta de vivienda popular (Canadev).
- Querétaro es de los estados más caros en vivienda del país. (Indicador de Vivienda Banorte, noviembre 2025).
- Se considera vivienda popular hasta 200 UMAs, lo cual es 713 mil 244 pesos. (Registro Único de Vivienda 2026).
