Más allá del sismo financiero que supone el rechazo o modificación al presupuesto estatal 2026, el verdadero mensaje que emana del Congreso no se lee en cifras, sino en la aritmética del poder.
La votación dejó al descubierto una realidad que debe instalarse de inmediato en la agenda de riesgos: la homogeneidad granítica del bloque de la 4T. Con una disciplina que raya en lo castrense, el grupo ha enviado una señal inequívoca: de ahora en adelante, cualquier iniciativa que requiera mayoría simple pasará exclusivamente por el filtro de su voluntad.
Esta hegemonía proyecta una sombra inmediata sobre la próxima reforma electoral local, cuya votación es ineludible antes de marzo. Lo que circula en los pasillos legislativos bien podría bautizarse como la “Ley anti-PAN”, un traje a la medida que, mediante el polémico artículo 160 bis y un diseño de paridades forzadas, parece diseñado para descarrilar la estructura tradicional del blanquiazul.
La estrategia es clara: obligar a la oposición a improvisar cuadros nuevos sobre la marcha o a desgastarse en una judicialización de procesos cuyo pronóstico, hoy más que nunca, es reservado. Mientras la 4T pavimenta el camino para sus “suspirantes”, la oposición se asoma a un laberinto legal de difícil salida.
En este tablero de ajedrez, sin embargo, siempre hay piezas que quedan fuera del juego. El caso de la diputada Perla Flores es, quizás, el ejemplo más crudo de los costos de la ambigüedad. Si bien su voto a favor del presupuesto no alteraba el resultado final, sí transformó radicalmente su estatus político. Al desmarcarse de su bloque natural para apoyar una causa perdida, Flores ha ingresado a un territorio de peligrosa orfandad: para unos ha dejado de ser una pieza útil y para otros ha dejado de ser un perfil confiable.
En política, la tierra de nadie es el lugar más solitario, y para la diputada, una recomposición de su capital político se antoja, por decir lo menos, una misión imposible a corto plazo.
“Al que tiene el mazo, nunca le falta el tajo”.
El decantamiento de la sucesión
Lo que comenzó como una baraja amplia de aspirantes para la sucesión estatal parece haber entrado en una fase de depuración definitiva. Tras los encuentros del gobernador Mauricio Kuri con los cuadros de su partido, los trascendidos que apuntaban a un cierre de filas en torno a los sectores más tradicionales del panismo cobran fuerza. Esta percepción se ve respaldada por la reciente actividad de encuestas telefónicas que, de manera selectiva, han comenzado a concentrar sus reactivos exclusivamente en tres figuras: Felifer Macías, Luis Nava y Agustín Dorantes.
Dentro de este triunvirato, las rutas para alcanzar la candidatura muestran matices diferenciados. Por un lado, Macías y Nava parecen haber depositado su confianza en la gestión de resultados y en la solidez de sus números en los sondeos de opinión, apostando por una lógica de competitividad electoral. Por el contrario, en los círculos cercanos a Agustín Dorantes, se percibe una estrategia que apela a factores de identidad y a una relación de proximidad personal que podría influir en el criterio de la toma de decisiones final.
Paralelamente, el tablero se complementa con el movimiento de activos de otros liderazgos relevantes. Aunque sin anuncios oficiales, se observa que figuras como Chepe Guerrero y Marco del Prete han iniciado la gestión de sus capitales políticos en favor de los punteros. Si bien ambos mantienen una institucionalidad impecable, la lógica de la afinidad histórica y la pertenencia a los mismos grupos de origen permite deducir que sus estructuras ya han comenzado a alinearse. En política, la discreción no oculta la dirección de los apoyos, y todo indica que el proceso de decantamiento camina hacia una definición de tercias antes de lo previsto.
“En el modo de pedir está el dar, y en el modo de andar se conoce al que es caballero”.
Relevo en el TJA: Entre la estabilidad y los hilos del poder
En el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Querétaro el ambiente ha pasado de la turbulencia a una calma largamente esperada. La salida de Lorena Montes Hernández, a quien finalmente se le ha concedido su pensión por vejez, cierra un capítulo marcado por atavismos y tensiones internas que llegaron a fracturar la operatividad del organismo.
Con su partida, el tribunal busca dejar atrás una etapa de criterios polémicos que, según voces internas, llegaron a comprometer la laicidad de la institución y el respeto a la diversidad de sus integrantes, derivando incluso en episodios tan drásticos como la destitución de un juez.
Desde el pasado 10 de diciembre y con un horizonte que se extiende hasta mayo de 2028, la presidencia queda en manos del magistrado Juan Pablo Rangel Contreras. La llegada de Rangel se interpreta, en primera instancia, como un bálsamo de estabilidad. Se le reconoce la capacidad para restaurar la hegemonía interna y el orden institucional, cualidades que se consideraban extraviadas bajo la gestión anterior. Su perfil garantiza una transición técnica que busca devolver al tribunal el prestigio de un árbitro imparcial y profesional.
Sin embargo, en política judicial nada ocurre por azar. Más allá del relevo administrativo, la llegada de Rangel Contreras envía un mensaje nítido de recomposición de fuerzas. Aunque el magistrado asume la posición de manera individual, es un secreto a voces que la operación política que facilitó su ascenso tiene “nombre y apellido”. Se trata de un movimiento que, aunque se gesta desde la sombra, deja claro quién ostenta hoy la verdadera confianza del poder estatal. Rangel no solo llega a administrar justicia, sino a consolidar un proyecto de gobernabilidad que requiere de instituciones alineadas, y sobre todo, libres de conflictos ideológicos.
“Después de la tempestad, viene la calma; pero en política, la calma siempre tiene dueño”.
Lenguas viperinas
En el accidentado camino judicial que enfrenta la presidencia municipal de Cadereyta, ha surgido un episodio que raya en el surrealismo legal, pero con una carga estratégica letal.
Cuentan que, en uno de los múltiples “mamotretos” jurídicos que pesan sobre la alcaldesa, el denunciante no se limitó a señalar irregularidades administrativas, sino que decidió blindar su posición mediante el uso de las acciones afirmativas. Bajo protesta de decir verdad ante la autoridad judicial, el quejoso se autoadscribió como joven, indígena y miembro de la comunidad LGBT+.
“En la guerra y en el amor todo se vale”.
Pausa decembrina y buenos deseos (opcionales)
A menos de que ocurra un evento extraordinario de esos que sacuden el tablero y obligan a desempolvar la pluma de emergencia, estas líneas hacen una pausa. Para evitar que esta columna termine teniendo la sustancia de un “vómito de crudo” —propio de los excesos de la temporada y la falta de rigor—, nos volveremos a leer hasta enero.
Queda sobre la mesa el deseo genuino de que sus propósitos se cumplan y que tengan un 2026 a la altura de sus expectativas.
Agradezco, como siempre, que me sigan distinguiendo con el favor de su lectura; y para quien no quiera hacerlo, pues que no lo haga y ya, que en la libertad de cátedra y de consumo también se ejerce la democracia.
Nos leemos en 2026.
“A cada santo le llega su función, y a cada columna su conclusión”.
Como siempre, la mejor opinión es la de usted. Y recuerde, no me crea a mí, créale a sus ojos.
