Señaló que los plazos actuales son insuficientes y limitan el acceso de los ciudadanos a una defensa adecuada
Con la finalidad de reformar y ampliar los plazos de prescripción para que los ciudadanos puedan reclamarle al Estado las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que correspondan en virtud de su actuar irregular, establecer causales de interrupción al mismo y, en general, plasmar en la norma una correcta determinación de requisitos y formalidades para generar certeza jurídica en el reclamo, la diputada Rosalba Vázquez Munguía presentó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la Iniciativa de Ley por la que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en materia de plazos procedimentales, prescripción, interrupción y diversas formalidades para la presentación del escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial.
Esto, debido a que muchas veces, las personas que quieren presentar una reclamación se encuentran con un obstáculo, que es el insuficiente plazo legal que se les otorga para reunir los diversos medios de prueba y demás cuestiones que se requieren para una adecuada defensa, lo que termina por impedir que ejerzan sus derechos debidamente, y máxime considerando que, frecuentemente, se actualiza el supuesto de una falta de medios económicos o del acceso a una adecuada asesoría jurídica.
La legisladora indicó que actualmente los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos se inician por reclamación de la parte interesada, pero esta debe formularse solamente dentro de los treinta días naturales siguientes a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo.
Consideró necesario que estos plazos previstos para el reclamo sean razonables, asequibles y equitativos, permitiendo que las personas tengan acceso a una adecuada defensa de sus derechos, por lo que la diputada Rosalba Vázquez observó que, en materia de responsabilidad patrimonial, es insuficiente e impide la adecuada defensa de los gobernados.
Vázquez Munguía propone como plazo de un año contado a partir de que se hubiera producido la afectación patrimonial, o bien, desde que cesen sus efectos, si se trata de un acto continuo, tomando como base la prescripción de reclamos por comisión de actos ilícitos que no constituyen delitos prevista en el Código Civil del Estado de Querétaro.
Asimismo, si el reclamo es sobre afectaciones de carácter físico o psíquico que tengan que ver con la salud, vida o la estabilidad emocional de la persona, o de sus bienes extrapatrimoniales, se considera prudente ampliar el plazo a cinco años a partir de la afectación, lo cual permitiría estructurar una adecuada defensa y reclamo, así como recibir una asesoría oportuna.
La diputada Rosalba Vázquez también propone establecer una serie de requisitos mínimos que permitan al reclamante tener certeza de que su reclamo cumplirá con los elementos necesarios para que prospere, o bien, que sepa que puede ser requerido para subsanar lo que corresponda.
