Enfatiza Enrique Correa que combatir extorsión es vital para reducir temor ciudadano y mejorar calidad de vida
En sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del estado, presidida por el diputado Homero Barrera, e integrada por la diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar y Enrique Antonio Correa Sada, aprobaron el proyecto de Dictamen de la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y deroga artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos”.
Con la asistencia también de la Claudia Díaz y los diputados Arturo Maximiliano García y Eric Silva; previo a la votación del dictamen, al hacer uso de la voz el diputado Enrique Correa, expresó que si bien, de los 16 dictámenes de materia Constituyente Permanente Federal, donde el Congreso del Estado de Querétaro participa, 15 de ellos ya son leyes vigentes en el país; sin embargo, reconoció que la última de estas, tiene una relevancia específica, y por la que anticipó su voto a favor, ya que se dijo convencido que disminuir y erradicar el delito de extorsión en este país, es una herramienta muy importante para transformar la calidad de vida de las personas; agregó que la extorsión no solamente es un delito que significa el robo de las personas, sino significa el generar temor en la ciudadanía.
“Y me parece que eso puede ser uno de los delitos más graves y de las consecuencias más perjudiciales que puede tener una comunidad, que sea vivir con miedo, vivir con temor; y por eso es que en lo particular, en este caso, el voto personal que emitiré será a favor, porque estoy convencido que hay que poner toda nuestra energía, todo nuestro entusiasmo y todas nuestras capacidades para colaborar sin importar colores, filias y fobias en todo lo que podamos, para que la ciudadanía viva con paz y con tranquilidad”, aseveró el diputado Enrique Correa.
En su momento, también expresó su postura respecto a los otros 15 dictámenes acumulados, donde destacó que vale la pena resaltar las áreas de oportunidad que se deben seguir trabajando como gobierno Mexicano.
En su momento, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Homero Barrera, comentó que si bien 15 de las 16 leyes que hoy se analizan, ya fueron aprobadas en otros estados de la República y son leyes ya existentes, el tema del delito de extorsión, desde la Cuarta Transformación, inspirado en el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció que la extorsión es un cáncer que mina la paz social, la seguridad, la economía local y nacional, y la confianza de los ciudadanos.
“Hoy queremos exponer con claridad dónde estamos, porque necesitamos esta reforma constitucional y qué esperamos de ella. El problema en cifras claras, a nivel nacional en el primer semestre del 2025, se documentaron 5 mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que hay registros formales; para los primeros siete meses del mismo año 2025, se reportaron 6 mil 880 casos, casi mil casos más de extorsión, lo que representa un aumento del 8% respecto al mismo periodo del año 2024. En comparación histórica, los registros actuales superan los picos del 2022, lo que muestra una escalada persistente. En Querétaro, la situación exige especial atención; en el primer semestre del año 2025, Querétaro registró niveles de extorsión nunca antes vistos señalando una pendiente al alza que preocupa, 266 carpetas de investigación en 2024 contra 197 del año 2023; este es un crecimiento del 35%; además, el costo promedio de los delitos para una unidad económica en Querétaro en 2023, fue de 69 mil 919 pesos, cifra significativa cuando lo que está en juego es la supervivencia de un negocio. También hay una cifra negra, muchos de los casos de extorsión no se denuncian, ya sea por miedo, por desconfianza, por falta de esperanza en que haya justicia, o por la percepción de que las autoridades no actúan eficazmente”, señaló el diputado Homero Barrera.
En ese sentido, advirtió que legislar en materia de extorsión, tiene como finalidad el que existan leyes generalizadas que homologuen sanciones, procesos y medidas preventivas en todo el país; ya que busca también que la Federación y las entidades federativas colaboren de forma estrecha compartiendo información, mecanismo de denuncia, protección de víctimas, persecución y sanción del delito.