Los mexicanos estábamos inmersos en lo que declararía este día lunes el “Mayo” Zambada durante su confesión frente al juez que le sigue la causa en el estado de New York, fiscalía de Distrito del este de NY, Brooklyn Heights. Realmente nada nuevo trascendió de la confesión de culpabilidad.
Hecha la confesión ante la autoridad judicial y firmado el acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos, se desarrolló una conferencia de prensa que presidió Pamela Bondi, fiscala general de ese país. Muchos esperaban declaraciones espectaculares y nada de ello sucedió. FBI y DEA estuvieron en la conferencia como respaldo.
La confesión de Ismael “Mayo” Zambada era conocida públicamente. Que sobornó a toda clase de autoridades desde hace 50 años, lo que le permitió construir un imperio, a la par de su amigo “Chapo” Guzmán, ambos fundadores del cartel de Sinaloa. Que logró introducir miles de toneladas de droga a los Estados Unidos, hasta llegar al fentanilo; que los precursores los importaba de China y en México fabricaban la mortal droga. Hecho que, por cierto, AMLO siempre negó. Las pruebas eran evidentes de lo que hoy confesó el “Mayo”; López Obrador lo ocultaba, lo ocultó. ¿Acaso fue uno de los sobornados por el cartel de Sinaloa y por ello sus constantes viajes al epicentro de la matriz de dicho cartel?
Parte del espectáculo mediático de la fiscala general. Dijo: “El Mayo vivía como un rey y morirá en una prisión; su reinado del terror terminó, nunca volverá a caminar en libertad”; esto, luego de la audiencia judicial del líder del cartel de Sinaloa.
En México es sabido que todos los líderes de los carteles sobornan a muchas autoridades, sean municipales, estatales o federales; incluso a elementos del Ejército y la Marina. Otros más forman parte de la nómina de esos grupos delincuenciales. De tal suerte que del contubernio surge el manto de impunidad para muchos de los políticos involucrados con la delincuencia y autoridades que se autoprotegen. No se puede explicar de otra manera el desmesurado crecimiento de esos grupos delincuenciales, hoy calificados de terroristas por las autoridades estadounidenses. En México, las autoridades federales, empezando por AMLO y después por la hoy presidenta, se sorprenden del calificativo, para evitar que el ejército de los Estados Unidos pueda intervenir en territorio mexicano; con esa actitud, las autoridades protegen a los carteles.
Muchos esperaban una confesión “espectacular” del “Mayo”, que involucrara a más de alguna autoridad y políticos mexicanos del antes, del después y del ahora. Era impensable. Dicha información privilegiada será clasificada por los Estados Unidos, utilizada cuando sea conveniente, arma de negociación. No en balde, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho concesiones al gobierno de Donald Trump, como la entrega de muchos “capos”, sin juicios de extradición; con un simple oficio de traslado, las autoridades mexicanas entregan a los norteamericanos a delincuentes de primer nivel. Ya no insisten en que les regresen al “Mayo”
Se afirma, como nunca antes, que muchos miembros de la Cuarta Transformación han sido beneficiados por el crimen organizado, por los carteles; sea con dinero u operativos electorales que les han hecho ganar elecciones, lo que jamás imaginaron; luego el aval del INE o del TEPJF. ¿Nombres? Seguirán siendo una incógnita.
Autoridades norteamericanas pondrán sobre la mesa de negociaciones, según convenga y a cambio de… algunos nombres, no todos; con las pruebas, evidencias tales que no le quepa la menor duda a la presidenta que o negocia o desde los Estados Unidos ordenan la persecución de mexicanos involucrados, con el respectivo escándalo; sean policías, militares, marinos, autoridades, políticos, legisladores o empresarios.
Por lo pronto, las “grandes cabezas” del cartel de Sinaloa, esos que mandaron a ejecutar a muchos enemigos —confesó Ismael Zambada—, seguramente han dado toda la información que es del interés de los vecinos del norte. Resulta moneda de cambio muy valiosa y no puede divulgarse sin ninguna contraprestación.
No se puede cantar victoria. Hay más carteles en México y en contra de ellos no se evidencian acciones para combatirlos, muchos menos para acabarlos; esos seguramente también han negociado con la misma estructura de servidores públicos a la que se refirieron Ismael Zambada y el “Chapo” Guzmán; los tratos con policías, militares, marinos, políticos, autoridades municipales, estatales, federales y empresarios.
No todo es droga en México, aunque sí el tema más importante para los norteamericanos. La tremenda corrupción que existe en el gobierno de la Cuarta Transformación seguramente no es del interés ni prioridad de las autoridades de los Estados Unidos; de ahí que no haya nombres de miembros del gobierno involucrados, aunque parezca obvia y evidente su participación, como ejemplo está el gobernador de Sinaloa.
Al gobierno de Claudia Sheinbaum no parece interesarle actuar en contra de esa camarilla de delincuentes; el asunto es más “casero”. ¿Condicionará el gobierno de Trump para que Sheinbaum haga limpieza de la casa?. Otra interrogante sin respuesta. Y vaya que ayudaría mucho para combatir la corrupción institucionalizada; la cancelación de visas es sintomático de involucramiento.
El mismo abogado defensor de Ismael Zambada hizo pública una declaración, en respaldo de su defendido. Afirmó que no habría más declaraciones de su cliente, no habría más nombres. Sin embargo, es evidente que la negociación a la que llegaron no fue tan simple, hubo concesiones de ambas partes; hay más en los acuerdos y no todo será público, al menos por el momento. La retobona Sheinbaum seguirá cooperando a pesar de su aparente negativa.
