Lo advertimos con toda oportunidad, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, torcerían una vez más la Constitución, para abrir la puerta a más autoridades judiciales que no cumplieron con requisitos establecidos en la Carta Marga, vilipendiada por esos “esquiroles de la justicia electoral”.
El Consejo General del INE, también por la raquítica minoría de 6 votos, contra 5, había decidido anular los triunfos de aquellos aspirantes a impartidores de justicia que no cumplieron con los requisitos constitucionales, sin importar que hubiesen ganado la elección el pasado 1 de junio. Sobre la Constitución nada. Principio básico fundamental.
Los truculentos integrantes de los Comités de Evaluación del oficialismo, permitieron que participaran candidatos que no reunían, al menos, uno de los requisitos a que obliga la Constitución, un mínimo de calificación. Los dejaron pasar. Luego la mayoría morenista y aliados en el Senado de la República, se vieron omisos y también dejaron pasar a los “recomendados”. Así fueron candidatos a funcionarios judiciales.
En el INE no los pudieron detener para que participaran en las elecciones. Fue hasta pasada la elección cuando el INE, en uso de sus atribuciones y fundados en criterios judiciales, les cerraron el paso a esos tramposos candidatos que, si bien ganaron la elección, no cumplen con el requisito establecido en la norma superior.
Como era de esperarse, todos los tramposos impugnaron el acuerdo del INE a fin de que la Sala Superior atendiera su queja. Así que, los oficialistas revocaron el acuerdo del Consejo General y obligaron al INE a la entrega de las constancias de mayoría, a fin de que puedan entrar en funciones el 1 de septiembre próximo. Funcionarios judiciales espurios que no cumplieron con la Constitución, obligarán a otros a que cumplan con esa norma, una vez que impartan justicia o ¿Acaso también violarán la Constitución y normas secundarias para impartir justicia?
Ayer lunes los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que habían votado en contra de la entrega de las constancias de mayoría, literalmente tronaron en contra los espurios magistrados que integran el bloque mayoritario de 3 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes, revocando el acuerdo del INE ordenaron devolverles las constancias a candidatos a jueces y magistrados que no obtuvieron un promedio de 9 en sus materias de especialidad, a pesar de ser un requisito constitucional.
Una vez más, el consejo General del INE se dividió; el bloque de consejeros no oficialistas acusó a los magistrados de la Sala Superior de actuar con severas “incongruencias” y “contradicciones”, en tanto que, el bloque oficialista que encabeza la presidenta Guadalupe Taddei Zavala, defendió a las decisiones de los entreguistas de la Sala Superior, quienes controlan las decisiones de la Sala, encabezados por la presidenta Mónica Soto Fregoso; la magistrada que ordenó violar las suspensiones en varios juicios de amparo.
De tal suerte que los 11 consejeros se vieron obligados a cumplir la sentencia de la Sala Superior del TEPJF. No les quedó más remedio que entregar las constancias de mayoría a los candidatos que habían sido eliminados por el Consejo General del INE; fueron rescatados inconstitucionalmente. Los turbios y negros criterios judiciales de hoy. Nadie está seguro con estas autoridades.
Consejeros inconformes expresaron: “estamos entregando constancias sin el cumplimiento de la ley en cada caso por parte de las candidaturas”; expresión de la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan. También criticó severamente las fallas que “plagaron” la reforma judicial, señaló el camino atropellado que siguió el proceso de selección de las candidaturas. Una de las voces en el Consejo que no pudieron “convencer” los oficialistas de plegarse a los abusos que cometen.
Señalaron que los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión tenían la facultad de revisar los perfiles de los aspirantes y de seleccionar a los que cumplían con todos los requisitos marcados por la reforma judicial, incluyendo un promedio general de 8 y un promedio de 9 en las materias de especialidades afines; sin embargo, cuando el INE revisó los expedientes de los más de 880 candidatos ganadores, encontró que varios habían sido seleccionados sin cumplir con los mínimos constitucionales; de tal suerte que el organismo electoral elaboró una metodología para revisar los promedios de los candidatos para determinar que 45 de los participantes no habían cumplido con el promedio de 9, por lo que anularon sus triunfos, declarando esos cargos como vacantes.
Comentó Humphrey: “seguimos sin saber cómo fue que algunos de estos Comités hicieron esta revisión (…) no detectaron que había personas que no cumplían con el requisito, y así enviaron su listado al Senado, que en segundo término tampoco hizo esta revisión”. Luego la consejera Claudia Zavala Pérez agregó: “es claro que la revisión no se hizo”.
Así las cosas, 3 magistrados de la Sala Suprior del TEPJF determinó que el INE no tenía facultades para verificar si los candidatos tuvieron el promedio exigido, con base en un tecnicismo que ellos inventaron, la diferencia entre “idoneidad” y “elegibilidad”; así que, consideraron que el organismo autónomo se extralimitó al anular los resultados, por lo que ordenaron al Consejo General entregar las constancias a los tramposos ganadores, avalados descaradamente desde un inicio por el oficialismo.
El consejero Martin Faz Mora comentó que el TEPJF, entiéndase, que los magistrados dieron sentencias incongruentes, cambiaron de criterio sobre la marcha, pues anteriormente los magistrados habían determinado que el Consejo General del INE sí podía revisar los criterios de elegibilidad de los candidatos.
Luego entonces ¿Quién dio la instrucción para que los tramposos sí fuesen aprobados –por solo 3 magistrados– sin cumplir con la Constitución? Los “nuevos aires”, como dijo la presidente Sheinbaum, estarán plagados con la contaminación de la inconstitucionalidad de origen.
