Exportadora de Sal (ESSA) rechazó rotundamente las declaraciones del ex director general de esta empresa, Jorge Humberto López Portillo, en el sentido de que su caso es una persecución política y económica por parte de diversos funcionarios federales, por lo que deberá “demostrar dichas afirmaciones ante la autoridad competente”.
Exportadora recordó en un comunicado que derivado de una serie de auditorías y procedimientos de control y vigilancia, se detectaron diversas irregularidades cometidas por el ex director general Jorge Humberto López Portillo por lo que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar las investigaciones penales correspondientes.
Entre las irregularidades está la adquisición de una embarcación (barcaza) de 15 mil toneladas métricas para la transportación de sal, por 27.2 millones de dólares, sin autorización del Consejo de Administración.
“Sólo se le había autorizado realizar estudios técnicos para valorar la conveniencia de comprar una con capacidad de 10 mil toneladas métricas, con un costo estimado originalmente en 6.8 millones de dólares. Este hecho ocasionó la destitución del ex Director General”, señaló.
Además de la indebida firma de contratos sin contar con la autorización del Consejo de Administración; la venta de salmuera residual a la empresa Packsys, sin contar con autorización ni precios definidos por el Consejo y, además, con un convenio por más de 30 años y con renovación a perpetuidad.
Aunado a las ventas de sal industrial y de mesa sin contar con autorización del Consejo, mismas que comprometían el 40 por ciento de la producción total de la empresa y la firma de contratos sometidos a jurisdicciones extranjeras, siendo que ESSA y las contrapartes son empresas mexicanas.
Exportadora de Sal señaló que hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a diversos funcionarios con inhabilitación y multas económicas derivadas de acciones irregulares, que en algunos casos causaron daño patrimonial a la empresa.
Por lo que toca a López Portillo, dijo, éstas ascienden a 150 millones de pesos e inhabilitación por diez años para ejercer un cargo público.
ESSA es una empresa paraestatal de participación mayoritaria del gobierno federal, siendo que actualmente el capital social está dividido en 51 por ciento en propiedad federal, a través del Fideicomiso de Fomento Minero, y 49 en propiedad de Mitsubishi Corporation.
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