El 29 de agosto destituyeron a Enrique Francisco Galindo Cevallos, quien fungiera como Comisionado General de la Policía Federal, después de más de una década; este día le tocó a Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. No cabe duda que los criminales van ganando la lucha con el apoyo de Ongs y organismos de derechos humanos.
Al primero se le ha incriminado de todo y nada se le ha probado –hasta ahora- por parte de la CNDH y la CIDH, por medio de sus recomendaciones. Desde la muerte de los 43 normalistas, hasta la ejecución de delincuentes en Tanhuato, pasando por Noxhixtlán, se le ha inculpado de ejecuciones arbitrarias, siembra de pruebas, falsedad y negligencia, entre muchas otras acusaciones.
Seguramente la delincuencia ha de estar feliz por los triunfos obtenidos; a ellos se les permite matar sin problema alguno y no hay organización alguna que los acuse, gozan de impunidad. Ah, pero no sea que un policía mate algún delincuente en el cumplimiento de su deber, porque de inmediato lo acusan de cometer abuso de autoridad y demás; surgen las organizaciones no gubernamentales en defensa de los delincuentes con la justificación de que se violaron sus derechos humanos y orquestadamente aparece la CNDH para enjuiciar públicamente a policías, sus recomendaciones -para ellos- son como sentencias definitivas que deben cumplirse al pie de la letra; exigen castigos a policías sin previo juicio.
Ahí está el último caso del helicóptero caído en un enfrentamiento con los delincuentes en el estado de Michoacán. Autoridades salieron de inmediato a defender a los presuntos delincuentes –se pueden ofender si afirmo que eran verdaderos delincuentes- al asegurar que el helicóptero no fue derribado por las bandas de narcotraficantes, que cayó por una mala maniobra del piloto; todos los tripulantes fallecieron ¡Uf! Seguramente las autoridades se alegraron cuando supieron que no fue derribado por los presuntos en combate. Y nadie defendió a los caídos en combate contra la delincuencia. Ninguna organización se queja, total, seguramente han de pensar: son policías los muertos ¿Y los presuntos delincuentes dónde quedaron? Simplemente se fueron.
Cuando en Tanhuato se usó otro helicóptero con el cual sí dispararon desde el aire, la CNDH los acusó por el uso excesivo de la fuerza. Haciendo responsable a Galindo de semejante atrocidad ¡Cómo usar ese armamento pesado en el combate contra la delincuencia! ¡Pobres narcotraficantes! Por esta causa y otras más la CNDH ha exigido se procese a Galindo y a quienes hayan estado en el lugar de los hechos por matar a “presuntos delincuentes”, los cuales habían hecho uso de armas de alto calibre como “Barret” y otras más que sirven para derribar helicópteros y perforar cualquier coraza blindada. Pero eso no cuenta para los defensores de los delincuentes, Ongs en las que hábilmente se han infiltrado no solo la oposición al gobierno, también los delincuentes. El dinero les ha permitido eso y mucho más. Manipulan a las autoridades a su antojo.
Ahora le tocó a Tomás Zerón, quien dirigía la “inteligencia policial”, la que investiga a los grandes capos, a las organizaciones de criminales y sus ramificaciones. Ah, pero esta vez la salida de Zerón fue por renuncia, no fue destituido –como Galindo- y se le deseó suerte en su carrera profesional. El gobierno federal intenta “lavarse las manos” despidiendo a quienes encabezan la batalla contra el crimen organizado a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, para congraciarse con los organismos defensores de los derechos humanos y filiales perversas que protegen a los delincuentes.
Se dice que estamos por llegar a los 70 mil homicidios en México en lo que va del sexenio, producto de las bandas criminales y ni así entienden esos sedicentes defensores de los derechos humanos, así como sus organizaciones no gubernamentales, compinches, subsidiadas por esas mismas bandas delincuenciales. Parece ser que no han entendido las autoridades que esas bandas de asesinos también han creado algunas de esas organizaciones para su propia defensa mediática y atacan al mismo gobierno; también pagan a medios periodísticos que se dedican a proteger a sendos asesinos. Por eso asesinan a periodistas cuando ya no son útiles a su causa.
Con esta política criminal del estado de sacrificar a funcionarios que están al frente de la batalla cuando están en cumplimiento de su deber, los delincuentes se fortalecen y crecen en poderío. Así no se puede.
Y todo por proteger la imagen de un México defensor de los derechos humanos, cuando en nuestro país se enquistaron y fortalecieron las bandas criminales más sanguinarias del mundo, por eso se han podido expandir en el extranjero; son bandas delincuenciales con un poder económico inmenso capaces de corromper o intimidar a cualquiera, tienen asesores de toda índole, compran voluntades al por mayor. Se dice que la fortuna del Chapo ascendía a mil millones de dólares; y la suma de otros más rebasa los 7 mil millones de dólares; con estos “empresarios” es con quienes el estado se enfrenta. Mientras que el gobierno fortalece su tibieza con las acciones de despidos de los altos mandos policiales. Definitivamente así no se puede.
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