El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, confirmó esta semana que en la averiguación previa que se sigue en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por la presunta responsabilidad de trata de personas, han declarado 150 personas y aún no hay nada.
Resulta inconcebible que a poco más de dos meses de haberse dado a conocer este asunto en un programa de radio, en el que supuestamente estaba probado el delito de trata de personas y la periodista exigía que detuvieran y procesaran al “responsable” -según ella- la autoridad encargada de la investigación no resuelva nada; vamos, ni ejercita acción penal ni determina la inexistencia de delito alguno. 150 personas han declarado, todo incierto.
El asuntó trascendió -como lo hemos comentado anteriormente- a nivel nacional, máxime por tratarse del líder de un partido político en el Distrito Federal, dirigente del PRI, a quien incluso lo destituyeron y le siguen procedimiento de justicia partidaria para expulsarlo; juicio político administrativo en el cual tampoco hay nada y por supuesto que no, dado que la resolución pende de la existencia o no de un presunto responsable.
La periodista Carmen Aristegui se esmeró, no sé si más por desprestigiar al líder y a su partido, que por demostrar fehacientemente que su investigación periodística fuera cierta, verídica, contundente e incuestionable, olvidándose por completo del principio universal de la presunción de inocencia. Mediáticamente la periodista acusó, enjuició y sentenció como responsable a Cuauhtémoc Gutiérrez, sin darle oportunidad de ser oído y vencido en juicio.
Hasta ahora el cúmulo de declaraciones, 150, que son un exceso, no hacen presunción de culpabilidad, mucho menos demuestran la existencia de los elementos del tipo penal. Incluso el inculpado, que no presunto responsable, no ha huido de la acción de la justicia, ha comparecido a declarar, hecho que genera más dudas por lo que ve a la investigación periodística. Cualquier delincuente hubiese huido a la primera, máxime por el delito de trata de personas; Gutiérrez se ha mantenido a la vista. Tampoco se pidió el arraigo como medida cautelar. Nada pues. La Seido no atrajo el asunto como lo pidió el PAN y ONG, no cayeron en el juego político.
Y mientras todo esto se sucede, la militancia del PRI en el DF, urgen una definición a la dirigencia nacional, pues el tiempo que resta para que de inicio el proceso electoral está a la vuelta de la esquina y los requerimientos estructurales y estrategias electorales están detenidas; la lista de aspirantes a ocupar los cargos de elección popular son interminables y no hay quién pongan orden para formarlos y someterlos a las reglas estatutarias. Diputaciones federales, locales y Delegaciones esperan precandidatos. Para el PRI capitalino es urgente que la dirigencia nacional termine con la incertidumbre y determine quién será su nuevo dirigente, sin importar si Gutiérrez es o no responsable.
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