Tras aceptar cohecho, sentencian a Abraham Tovar a mil horas de trabajo comunitario

#Corrupción

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A través de un comunicado, la fiscalía anticorrupción informa que el exsecretario general de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Abraham Tovar Moreno, aceptó su culpabilidad del delito de cohecho, por lo cual fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión, pero por petición de su defensa, se le conmutó la pena por mil horas de trabajo comunitario.

Asimismo, al exfuncionario se le impuso una multa y fue inhabilitado para desempeñar empleo o cargo en el servicio público, aunque no precisa la fiscalía por cuánto tiempo, y le fueron suspendidos sus derechos políticos y civiles.

A continuación, el comunicado íntegro de la dependencia:

Este día se llevó a cabo una audiencia pública de procedimiento abreviado ante un Juez de Control, a través de la cual, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción obtuvo su primera sentencia condenatoria, tras un proceso que duró 10 días en llegar a una resolución.

Con la respectiva asesoría de sus defensores, y en pleno goce de sus derechos, el imputado aceptó a pregunta expresa del juez su responsabilidad, con base en diversos medios de convicción que obran en la Carpeta; por el  delito de Cohecho Cometido por Servidor Público, previsto en el art. 268 del Código Penal para el estado de Querétaro.

En ese sentido, el Juez de Control emitió fallo condenatorio e impuso al acusado pena de prisión por un lapso de 4 años y 6 meses, la Defensa del imputado solicitó beneficios sustitutivos de la pena de prisión, toda vez que esto se encuentra previsto en los artículos 87 y 88 del Código Penal, siempre y cuando la pena impuesta no exceda los 5 años.

La autoridad judicial conmutó la pena de prisión por 1000 horas de trabajo a favor de la comunidad, las cuales van a ser supervisadas por la autoridad competente,  además, se le impuso una multa e inhabilitación para obtener y/o desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles, entre otras medidas.

Con estas acciones, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción manifiesta su compromiso con la sociedad queretana para investigar, sancionar y que no quede impune cualquier acto de corrupción que transgreda la paz social del Estado.








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