En esta semana que termina, el contralor del estado, Alejandro López Franco, en conferencia de prensa acusó a 97 exservidores de la administración pública estatal de José Calzada Rovirosa, por haber causado un daño patrimonial al erario del estado por 707 millones, 900 mil pesos.

Dada la reserva que tiene el contralor del estado para no dar a conocer nombres de los implicados, no se sabe aún, bien a bien, quiénes son, salvo nombres que tras barandilla han trascendido. Hay desde exsecretarios hacia abajo en la estructura gubernamental.

A casi un año de la entrega recepción poco se ha sabido de las investigaciones y procedimientos que lleva a cabo la Contraloría; o son muy lentos o las están sustentando muy bien para evitar tropiezos y al final no haya responsables de lo que parecían ser delitos o faltas administrativas. En el municipio de Querétaro, también están los procedimientos en curso, uno de ellos por el Lienzo Charo, en donde se presume hubo algo mal, al menos el exceso de dinero en una obra suntuosa que socialmente a nadie ayudó; excepción hecha a los constructores y propietario del predio, quienes se llevaron muchos millones de pesos.

En el municipio de Colón, por ejemplo, ya hay hasta sancionados, inhabilitados y obligados a la reparación del daño, aunque los juicios no han concluido, los inculpados hacen hasta lo imposible por defenderse jurídicamente. Y están en su derecho, no vaya siendo que son causas prefabricadas para el desprestigio. En Huimilpan les dejaron una deuda de más de 30 millones de pesos y nada se sabe, la presidenta municipal no atina qué hacer.

Sea lo que sea, en el ánimo de la sociedad crítica existe ese “olorcillo” a corrupción de la administración pasada, aunque nada hay hasta ahora. El contralor adelantó a 9 meses de distancia que al parecer hubo graves anomalías en el cobro de derechos y multas, manipulación de la base de datos. Así como por la venta de inmuebles –Planeación y Finanzas. Por jubilaciones sin reunir los elementos para ellas; en estos casos serían varias las instancias involucradas.

Operaciones fraudulentas con documentos falsos realizadas con gasolineras; otras más con un predio en el municipio de Corregidora –competencia de la Oficialía Mayor. Y todo esto suma la cantidad nada despreciable de 14 millones de pesos. Por supuesto, en agravio del erario público.

Otras irregularidades en el área de compras –también de Oficialía Mayor–, detectando un detrimento de 39 millones de pesos. En este caso, dijo el contralor, procederían a presentar denuncia de naturaleza penal. Por lo tanto, hay la probabilidad de delitos y presuntos responsables.  ¿Quiénes serán los involucrados? ¿Veremos por primera vez en la cárcel a exservidores públicos o todo será un montaje publicitario?

Por lo pronto, el descrédito a la administración pasada ha trascendido y no hay nadie que defienda. ¿Cómo si no se sabe ni quiénes son los investigados?

Por si lo anterior fuese poco, hay más. Dijo López que hubo omisión en el cobro de derechos, lo que ocasionó un “posible” –así lo dijo– daño hasta por 640 millones de pesos al erario público. Nuevamente recaería la responsabilidad en Planeación y Finanzas, según el tema planteado por el contralor. También hay otros exservidores públicos sujetos a procedimiento de responsabilidad, en el que se reclama el resarcimiento de 41 millones, 900 mil pesos. El contralor no debe hablar de “posibles daños”. ¡Son o no son daños acorde con la investigación!

Bien que se realicen las investigaciones y en su caso, de haber responsables, se sancione ejemplarmente para evitar –de tajo– los malos ejemplos. Muy mal si se trata solo de una tema distractor, entonces quedará demostrado que solo fue “cacería de brujas” como el mismo contralor calificó los hechos: “No se trata de cacería de brujas”. ¿Sabremos entonces quiénes son esas brujas?

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